La Impunidad en América Latina - El Caso Argentino
Informe al Parlamento Europeo con motivo de la Audiencia Pública
a realizarse el 30/31 de octubre de 1996
Organizaciones autoras:
Abuelas de Plaza de Mayo
Centro de Estudios Legales y Sociales
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Liga Argentina por los Derechos del Hombre;
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Servicio Paz y Justicia
Las organizaciones que suscriben el presente documento se dirigen a los
miembros del Parlamento Europeo, especialmente a la Subcomisión de
Derechos Humanos para poner a su disposición la información y
apreciaciones sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos
cometidas en nuestro país y la impunidad iniciada durante la dictadura
y continuada en los sucesivos gobiernos electos constitucionalmente.
1. El Terrorismo de Estado
Después de su visita a Argentina en el año 1979 los miembros de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos describieron el
procedimiento "Kafkiano" al que se sometía a la persona que interponía
un "habeas corpus" en favor de una persona desaparecida que no había
sido formalmente detenida: "Dentro de las 48 horas el Juez solicitaba
información al Ministro del Interior, a la Policía Federal, a las
Unidades de las Fuerzas Armadas, y en algunos casos a la policía local.
Por lo general todos alegaban no tener información alguna, ante lo cual
el Tribunal rechazaba el recurso.
La Comisión concluyó su visita expresando: "...por acción u omisión de
las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se
cometieron durante el período a que se contrae este informe, 1975 a
1979, numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos
reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. En particular, La comisión considera que esas violaciones han
afectado:
a) al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o
vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a
numerosas personas hombres y mujeres después de su detención; preocupa
especialmente a la Comisión la situación de miles de detenidos
desaparecidos, que por las razones expuestas en el informe se puede
presumir fundadamente que han muerto.
b) al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a
disposición del Poder Ejecutivo nacional a numerosas personas en forma
indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado
sine die el arresto de estas personas...
c) al derecho a la seguridad e integridad personal mediante el empleo
sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes, cuya práctica ha revestido características
alarmantes;
d) al derecho a la Justicia y proceso regular en razón de las
limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus
funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los
tribunales militares; y de la ineficacia que en la práctica y en
general, ha demostrado tener el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual
se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer
su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de
seguridad u orden público, algunos de los cuales han muerto,
desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de
tales defensas".
Respecto de otros derechos establecidos en la Declaración afirmó:
a) fiel ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e
información se ha visto limitado, en diferentes formas, por la vigencia
de ordenamientos legales de excepción...
b) que los derechos laborales se hayan visto afectados por las normas
dictadas al efecto... situación que ha incidido particularmente en el
derecho a la asociación sindical debido a actos de intervención militar
y a la promulgación de estatutos legales que vulneran derechos de la
clase trabajadora,
c) que los derechos políticos se encuentran suspendidos
d) ...si bien no existe una política oficial antisemita, en la
práctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en
contra de los judíos...
Uno de los ejes del proyecto dictatorial descansaba en la extensión de
sus postulados, métodos de represión y destrucción de la subversión a
nivel continental. Si bien las ratees van mas allá de la década de
1970, puede establecerse el comienzo de una etapa en el año 1973 cuando
el ejército argentino mantuvo cerradas las fronteras para evitar el
ingreso al país de los chilenos que escapaban del golpe genocida
encabezado por Pinochet; estos procedimientos se generalizaron en el
año 1975 cuando la organización paramilitar "triple A" se encargó de
asesinar a refugiados políticos de Chile, Uruguay, Bolivia, en nuestro
territorios [Así sucedió con el general Prats, con el ex-presidente
boliviano Torres, con diputados y activistas uruguayos] Las fuerzas
Armadas del Cono Sur [Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil]
actuaron coordinadamente en la detención, tortura y muerte de los
opositores a sus respectivos gobiernos.
Se pudo establecer que en nuestro país funcionaba un centro clandestino
de detención de detenidos-desaparecidos destinado a uruguayos, donde
actuaban oficiales uruguayos.
El plan se exportó fuera del Cono Sur; en 1977 Massera y Viola viajaron
a Nicaragua y recibieron condecoraciones de Somoza. Disertaron sobre
los vínculos que unían a los países en la lucha contra la subversión
internacional. En ese año Argentina volvía a sumarse a los operativos
navales de UNITAS.
En 1980 se realizó en la Argentina el IV congreso de la Confederación
Anticomunista Latinoamericana, presidido por el general Suárez Mason,
al que asistieron militares encargados de la formación de escuadras
para policiales en Centroamérica y México.
En 1980 las fuerzas armadas argentinas participaron en el golpe militar
contra García Meza en Bolivia. El nuevo gobierno boliviano recibió 400
millones de dólares del Estado argentino y difundía por las pantallas
televisivas bolivianas un corto publicitario argentino sobre la lucha
contra la subversión.
Con la caída de Somoza muchos guardias somocistas recalaron en Buenos
Aires, donde recibieron entrenamiento para engrosar las filas de los
''contras" que USA distribuía en las fronteras de Nicaragua.
También en Centroamérica las Fuerzas Armadas asesoraron en la lucha
antisubversiva al presidente de Guatemala E. Mont y desarrollaron
tareas de asesoramiento en Honduras y en el El Salvador.
Hoy, a través de investigaciones de los organismos de derechos humanos
de Honduras y del Comisionado Nacional por la protección de los
Derechos Humanos -creado en 1 995- se sabe que no menos de quince
argentinos, entre militares y civiles, estuvieron en Honduras a
principios de los años 1980 asesorando a los militares hondureños y los
contras somocistas. Alguno de ellos habrían estado involucrados
directamente en la desaparición de civiles hondureños. La mayoría de
los militares argentinos provenían del ler cuerpo de ejército -Batallón
601 en Campo de Mayo-.
2. Marco Conceptual
2.1. La Impunidad
La
impunidad es un componente estructural de la violación sistemática de
los derechos de las personas y los pueblos. Comporta esencialmente la
privación del derecho a la Justicia y la garantía de impunidad para los
autores de las violaciones, efectivizada mediante una acción u omisión
estatal.
Conlleva la persecución a las víctimas que han sido previamente
seleccionadas por el sistema (La selección y persecución obedece,
generalmente, al hecho de considerarlos potencial o efectivamente
opositores político-ideológicos) y la ausencia de investigación sobre
las circunstancias, causas y responsabilidades de los violadores
(considerados personal e institucionalmente).
2.1.1. Sobre la historia de la impunidad en nuestro país
Para hablar de impunidad es necesario hablar de Justicia. En este caso de ausencia de Justicia.
La historia de las masacres a la población civil, abierta o encubierta
y con total impunidad, funda una manera de ser de las FFAA y de las
corporaciones afines -como la jerarquía eclesiástica y la corporación
económica de gravísima historia ambas- de represión en el país.
Se hablará aquí de algunas de las represiones impunes en el país
después de formulada la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre.
En junio de 1955 aviones de la Marina de guerra bombardearon a civiles
desarmados que participaban de una manifestación de protesta contra el
Golpe de Estado que intentaban efectuar las FF.AA.
Nunca se investigó la identidad de los allí asesinados (se supone que
entre 200 y 300). Tampoco se supo dónde habían sido enterrados los
cuerpos sin vida.
En 1956, el General E. Aramburu, autoproclamado Presidente de la
Nación, firmó la pena de muerte de 22 personas, entre ellas algunos
militares, y amparado en ese decreto fusiló clandestinamente a un
número que se desconoce de civiles inermes. Nunca se investigó el caso.
En 1972 la Marina de Guerra masacra a prisioneras y prisioneros
políticos en sus celdas en la cárcel de Trelew, entre ellas una mujer
embarazada de 7 meses y medio.
En 1973 casi un millón de personas esperaban la llegada de J. D. Perón.
Se reprimió a hombres, mujeres y niños. Se calcula en alrededor de 300
personas las así asesinadas. Jamás se supo el número exacto, ni sus
nombres ni dónde fueron llevados sus cuerpos sin vida.
A partir de ese año con intensificación progresiva en los siguientes,
se ensayó una metodología con tres modalidades, para elegir aquélla que
provocara mayor terror en la población.
Estas fueron:
- Presos políticos por miles y aplicación sistemática de torturas. Más de 10.000 presos, la inmensa mayoría a disposición del PEN, sin causa ni proceso.
- Asesinatos en la Vía pública. Obreros, estudiantes, profesionales, dirigentes gremiales, profesores universitarios, dirigentes políticos. Nunca se sabrá el número exacto, pero se estima en 8.000.
- Desaparición de personas. Una lista incompleta da cuenta de 600 desaparecidos de esa época.
De las tres modalidades de esta metodología para implantar el terror en
la población, la primera originaba un movimiento legal de los
familiares y visitas en las cárceles. Los asesinatos en las calles
provocaban grandes manifestaciones.
Las desapariciones impusieron un sentimiento de gran perplejidad en la
población. Simplemente las personas desaparecen. No están presos en
ningún lado, tampoco muertos. Simplemente han desaparecido.
Presidía el país Estela M. de Perón y en el Ministerio de Bienestar
Social funcionaba la "Triple A", ("Alianza Anticomunista Argentina").
Nunca se respondió a Habeas Corpus ni juicios por asesinatos cuando se
descubrían cuerpos calcinados o la investigación de los familiares
llevaba a alguna fosa común. Los cuerpos eran secreto militar. Ninguno
de los autores de estos crímenes fue enjuiciado ni condenado.
La impunidad se instaura definitivamente junto al terrorismo de Estado.
No necesitó de leyes ni decretos, simplemente se instaló en un país
gobernado por militares. Generó una escalada criminal incontenible y
dio cobertura y recurso para la protección de la corrupción política en
todos los estamentos del gobierno.
2.1.2. Algunas reflexiones sobre el aspecto psicoanalítico de la impunidad
"La sustitución del poderío individual por la comunidad, representa el paso decisivo hacia la cultura"
"El primer requisito cultural es el de la Justicia, o sea la seguridad que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho".
Sigmund Freud: "EI malestar en la cultura".
Todo delito es castigado en la dimensión de su gravedad en toda
sociedad organizada. La pena varía según las culturas. Pero aun en
aquellas que llamamos primitivas ningún delito queda impune.
La justicia es estructurante en una sociedad, e instaurada, funda la
cultura de la misma. "No es concebible un grupo de personas que no
hayan discutido y creado su propia justicia y las condiciones que deben
reunir los jueces para poder administrarla.
Todo lo que existe se califica de "bueno" o "malo" de acuerdo a las
leyes que infligen el castigo. Si el crimen no es castigado la sociedad
lo absorbe como un acto que el poder aprueba.
Esta arbitrariedad, que es en definitiva una definición de la justicia
que impera en ese lugar, genera Corrupción. Y el peligro latente de la
repetición de esos crímenes.
Los indultos como moneda de cambio en política, generan impunidad. El
delito ya no necesita no calificarse ni definirse. El acento se pone en
el que viola la ley. Esa que el resto de la población debe acatar.
Al liberar a los autores de crímenes gravísimos implanta la ilusión
perversa de que cualquier cosa es posible. Aun el crimen, siempre que
sea desde el poder. Los ideales políticos, religiosos y los principios
éticos, se diluyen y surge en un primer plano el único objeto de la
poética: el poder por el poder mismo.
Surge una nueva modalidad. Lo justo pasa a ser el silencio. Que no se
hable del delito, acallar las voces que denuncian. Poner en la justicia
a los "amigos". El poder pasa a ser amoral.
Habla de cosas a los humanos que son del ámbito de los dioses, como es
el perdón. Hay trastrocamiento del lenguaje. Por ejemplo, el asesinato
pasa a llamarse "exceso" y la represión "guerra sucia".
El delito no es importante puesto que sus autores quedan en libertad,
transitando entre las personas que sí están sometidas a leyes escritas.
Y la institución autora de esos crímenes, no sólo no es disuelta, sino
que sigue como si no hubiera pasado nada. Sin sanción oficial, pero
también sin sanción moral de la sociedad.
Tanto para el abordaje jurídico como para el abordaje psicológico, el
mayor obstáculo para encontrar una respuesta social reparatoria y
eficaz desde rigurosos criterios de justicia y de salud es la impunidad
entronizada como Ley".
2.1.3. Efectos sociales de la impunidad
El imaginario social se ve profunda y doblemente afectado por la
actividad estatal que consagra durante la etapa constitucional la
impunidad para los responsables por violaciones a los derechos humanos
durante la etapa terrorista del Estado.
La circunstancia de que aquel/aquellos que cometen violaciones a los
derechos humanos no sean sometidos a la Justicia, vulnera el principio
de "igualdad ante la ley" y se convierte en una afirmación con rigor de
verdad: la de que "las personas no son iguales ante la ley".
El retroceso, concesiones y alianzas de los poderes del "Estado de
Derecho" con el poder represivo -Fuerzas Armadas y de Seguridad- genera
una profunda desconfianza en la confiabilidad en los representantes
electos en una primera etapa y en una segunda socava las instituciones.
Los métodos de formación del personal de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad favorecen la pervivencia del autoritarismo como modo de
relación entre militares y policías por un lado y sociedad civil por el
otro.
La falta de sanción genera la convicción en los cuadros represivos de
que pueden reeditar el exterminio de la persona humana como medio para
resolver un conflicto entre el Estado y la sociedad civil o entre un
civil y un agente de las Fuerzas del Estado.
La fuerza represiva de las agencias de seguridad es resguardada por los
Ministerios de Defensa e Interior para su utilización en la represión a
la sociedad civil, cuando se producen estallidos sociales con motivo de
la aplicación de las políticas neoliberales.
Se subvierten los valores que sostienen la relación Estado-sociedad
civil, cuando el Estado de Derecho tiende a sancionar los delitos
contra la propiedad y a amnistiar y/o indultar los delitos contra la
vida. La preservación del ser humano pierde un espacio "irrecuperable
frente a la preservación de los bienes materiales.
2.2. La Desaparición Forzada
La
desaparición forzada constituye un método de represión gubernamental
que viola una amplia gama de Derechos Humanos imponiendo un sufrimiento
físico y psíquico de carácter permanente que trasciende todas las
esferas de la vida del desaparecido y la de sus familiares. Como método
gubernamental tiende esencialmente a la supresión física de todo
aquella persona considerada efectiva o potencialmente opositora
(políticoideológica).
Ella comporta la denegación o violación de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos.
El derecho a la libertad y a la seguridad personal (art. 3 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 1 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 7 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos, art. 5 de la Convención Europea), a
no ser arbitrariamente detenido o preso (art. 9 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, art. 9 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, art. 25 de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, art. 5 de la Convención Americana de
los Derechos Humanos, art. 5 de la Convención Europea) derecho a un
juicio imparcial en materia penal (art. 10 y 11 Declaración Universal
de Derechos Humanos, art. 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, arts. 18 y 26 Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, art. 8 Convención Americana de los Derechos Humanos
y art. 6 Convención Europea) a la personalidad jurídica ante la ley
(art. 6 Declaración Universal, art. 16 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, art. 17 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos y art. 5. Convención Europea), a un recurso efectivo
ante los tribunales nacionales que lo amparen contra la violación de
los derechos fundamentales (art. 8 Declaración Universal de Derechos
Humanos, art. 9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
art. 7 Convención Americana de los Derechos Humanos, art. 5 Convención
Europea) a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, a no ser privado arbitrariamente de la vida
(art. 3 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 6 Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 1 Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 4. Convención
Americana de los Derechos Humanos, art. 2 Convención Europea). En el
caso que la desaparición afecte a mujeres embarazada y niños ó
lactantes se configura otra violación particular (art. 25, 2
Declaración Universal de Derechos Humanos, 24, 1 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, arts 10, 2 y 3 Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 7 Declaración de los
Derechos del Niño y de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, Parte I, 7 y 17 de la Carta Social Europea).
2.3. La apropiación de niños
Este
deleznable crimen de lesa humanidad proviene de otro igualmente
deleznable, la desaparición de la madre mientras mantenía en su vientre
al niño o la apropiación del niño en ocasión del secuestro y
desaparición de sus padres o tutores. Este delito constituyó un método
de privación sistemática de los derechos derivados de los lazos de
sangre. Del mismo modo que la desaparición es un delito tendente a la
supresión del desaparecido la apropiación de niños constituyó un método
de supresión de la familia y la identidad de la persona, configurando
una violación a los arts. 24, 2 Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 18 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
3. Obstáculos en la lucha contra la impunidad. Verdad y Justicia
La respuesta a las víctimas, los familiares de las víctimas y a la
sociedad, debe contemplar el Derecho a la Verdad como base
indispensable del ejercicio del Derecho a la Justicia.
La revalorización de los conceptos de Verdad y Justicia trae como
consecuencia la identificación de la actividad comisiva u omisiva de
los poderes del Estado que reafirman la irnpunidad, o en su caso, la
mantienen en un "statu quo".
El Estado debe emprender acciones concretas tendientes a la realización
de ambos valores para evitar las consecuencias sociales e individuales
que impiden la construcción democrática.
En el caso argentino puede afirmarse que el camino para desandar la
impunidad resulta pleno de obstáculos de difícil remoción. A pesar del
sinnúmero de Pactos y Tratados sobre Derechos Humanos firmados y
ratificados por el gobierno argentino, los "hechos" desnaturalizan al
derecho generando un descreimiento en las instituciones destinadas a
salvaguardar la Verdad y la Justicia.
Para materializar el principio de responsabilidad estatal es necesario
que la lucha contra la impunidad incluya medidas efectivas que
involucren a los tres poderes del Estado. Éstas deben tender a reparar
a las víctimas y a la sociedad civil restituyéndoles los derechos de
los que fueron privados.
Paralelamente debe ser manifiesta y Pública la voluntad estatal de
desalentar la comisión de violaciones a los derechos humanos, como
garantía de no repetición.
4. Actividad desarrollada por los Poderes del Estado
a partir del año 1983 año en el que finalizó la dictadura militar
4.1 Poder Judicial. Juicio a los Comandantes
Como producto del decreto presidencial 158/83 y de la negativa de los
militares a Juzgar a sus pares, al Poder Judicial le cupo el
enjuiciamiento a las Juntas Militares aplicando el Código de Justicia
Militar. La Cámara Federal recibió el 4 de octubre de 1984 del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas 500 (quinientos) expedientes. El número
de denuncias por privación ilegítima de la libertad ascendía a 4000
[Estas denuncias se formularon a través de los recursos de habeas
corpus agregados a la causa].
De los tribunales del interior del país se recibieron 3000 informes y
2000 causas con documentación sobre privación ilegítima de la libertad.
Los números de reclamos diplomáticos documentados fueron 4000. La
Fiscalía órgano acusador presentó 709 casos para ser llevados a Juicio
Oral y prescindió de 407 casos por considerar sobreabundante la prueba.
Inicialmente se citaron 1984 testigos de los cuales presentaron
testimonio 833 en los 281 casos tratados; en la cifra global están
involucrados 64 militares -12 en actividad- 15 periodistas, 13
sacerdotes y 12 extranjeros. Se presentaron 700 kilogramos de
documentación sobre denuncias internacionales enviadas por la
representación argentina ante Naciones Unidas a la Cámara.
La sentencia culminó con la condena de los comandantes (ver anexo
estadístico), y hace referencia expresa a las intervenciones de
organizaciones internacionales que habían receptado numerosas
denuncias, las que fueron consideradas ampliamente probadas. Se
destacan esencialmente los informes de la O.E.A. (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) y de ONU (Comisión Internacional de
Derechos Humanos). En él capitulo destinado al personal subalterno
sostuvieron que "... tal manera de proceder responde a planes aprobados
y ordenados..." "... en suma puede afirmarse que los comandantes
establecieron secretamente, un modo criminal de lucha contra el
terrorismo..." "... la Cámara colige la existencia del método por los
testimonios y esencialmente por las órdenes secretas impartidas al
personal".
A través de la descripción del método la Cámara refiere expresamente
que lo que denomina la "garantía de impunidad para los autores
materiales de los procedimientos ilegales, a través del ocultamiento de
prueba, de la omisión de denuncia y de la falsedad o reticencia en las
informaciones dadas a los jueces, constituyó un presupuesto ineludible
del método ordenado. Integró también la impunidad asegurada la no
interferencia de las autoridades encargadas de prevenir los delitos, la
que también dependía operacionalmente de los enjuiciados".
En el punto N 25 de un modo absolutamente arbitrarios [Es una típica
sentencia arbitraria condenada unánimemente por la doctrina y
jurisprudencia, del tipo denominado Ultra petita" porque resuelve
cuestiones no ventiladas en el juicio] decidiendo más allá de lo puesto
bajo su conocimiento absuelve a todos los nombrados en el párrafo
anterior "por la totalidad de delitos por los que fueran indagados y
que integraron el objeto del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo
Nacional, y acerca de los cuales el Fiscal no acusó".
Y finalmente en el numeral 30 dispone ''se ponga en conocimiento del
Consejo Supremo de las FFAA el contenido de esta sentencia,... a los
efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los
comandos de zona y subzona de defensa, durante la lucha contra la
subversión, y de todos aquellos que tuvieran responsabilidad operativa
en las acciones..." Este punto dará lugar a la investigación
interrumpida por la sanción de las leyes de impunidad.
4.1.1 La jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia
4.1.1.1. Respecto de las leyes de Impunidad
Desconociendo que el "único recurso de las víctimas y la sociedad en su
conjunto ante las resoluciones y legislación arbitraria e
inconstitucional es el recurso a través del caso individual la Corte
Suprema reiteró tres veces para las leyes y el indulto su anuencia y
coincidencia con la legislación que consagró la impunidad (Sin
perjuicio de los votos en disidencia).
El 22 de junio de 1987 la Corte declaró constitucional -con arreglo a
la Constitución Nacional- la Ley de obediencia debida expresando "No
incumbe al Poder Judicial juzgar, sobre la oportunidad, el mérito o la
conveniencia de las decisiones de los otros poderes del Estado"
4.1.1.2 Respecto de la apropiación de niños
Entre las
resoluciones judiciales que consideramos ejemplificativas de la
impunidad consagrada a través y por el Poder Judicial señalamos la
adoptada por la corte Suprema de Justicia en la causa Nro. 9264 "Castro
Juan Alberto s/Querella" en la que resulta Querellante Abuelas de Plaza
de Mayo. En esta resolución el máximo tribunal de nuestro país aplica
la prescripción de la acción penal de delitos para los que la
legislación nacional e internacional dispone la imprescriptibilidad. La
supresión del Estado Civil, la sustracción, Retención y Ocultamiento de
un menor son delitos continuados y el Código Penal Nacional lo reafirma
expresando: "La prescripción de la acción empezará a correr desde la
medianoche del día en que se cometió o si este fuese continuo desde que
cesó de cometerse. Los magistrados hicieron caso omiso al hecho de que
mientras los niños-jóvenes-adolescentes permanecen en poder de los
victimarios y/o apropiadores no hay prescripción posible.
Un segundo conflicto surge a partir de la excarcelación a los
apropiadores que les permite seguir victimizando a los menores, dado
que sólo se puede obtener la separación del niño-adolescente una vez
probada la identidad y ésta depende de las pruebas de sangre que se
niegan a efectuar los victimarios.
Al respecto cabe agregar que los delitos cometidos lo son en concurso
real y de acuerdo a las normas internas la excarcelación sería
imposible por la acumulación del monto de las penas que corresponde por
cada delito cometido.
Como bien lo ha expresado la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo "...
La gravedad de la decisión de la Corte radica en que el fallo no es
sino el Punto Final para la búsqueda de sus nietos y la Impunidad para
los apropiadores..."
Otros de los tribunales de Segunda Instancia de la Provincia de Buenos
Aires innovó adoptando un criterio inexplicable para desincriminar a
los apropiadores de los delitos de supresión del Estado Civil,
retención y ocultamiento de un menor y falsificación de documento
público, tomando sólo uno: la Supresión del Estado civil y concediendo
la excarcelación pedida
4.1.1.3 Jurisprudencia sobre el derecho a la verdad
Al Poder
Judicial le cabe la investigación de los hechos con independencia de la
existencia y vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Se pretende de la Justicia que satisfaga en los casos concretos el
derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la Verdad de lo
sucedido durante la pasada dictadura militar.
Éstas no deben obstaculizar la investigación ya que el ilegítimo
alcance de estas normas se reduce a la responsabilidad penal de los
victimarios. Por lo tanto no puede "atarse" a los derechos de las
víctimas y la sociedad en su conjunto a la impunidad de los
responsables (Ej.: el Derecho al duelo y al cuerpo, el derecho a
Conocer).
A partir de las declaraciones del Ex-Capitán Adolfo Scilingo se
desencadenaron una serie de expresiones del personal involucrado en
delitos de lesa humanidad y de los representantes institucionales de
las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.
Estas declaraciones han sido invocadas por las Organizaciones de
Derechos Humanos como "Hechos Nuevos", para solicitar la reapertura y/o
continuidad de las causas que tramitaron por el fuero penal en búsqueda
de la investigación que suministre a los familiares de las víctimas los
datos necesarios para identificar a los responsables y conocer las
circunstancias y modo de desaparición. Esta investigación se sustenta
en el derecho a una "jurisdicción eficaz" que debe suministrar el
Estado y particularmente en el "derecho al duelo y al cuerpo de sus
deudos" de los familiares de las victimas.
Esta afirmación está siendo cuestionada en nuestro país; recientemente
la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal, en un fallo muy
ambiguo, ha dispuesto el virtual cese de las investigaciones. Esto
motivó la intervención de CEJIL en calidad de "Amicus Curiae".
Recientemente y ante la falta de aplicación en foros nacionales de la
Resolución 28/92 de la CIDH, organismos de derechos humanos han
efectuado un nuevo reclamo ante la Comisión para obtener una respuesta
positiva del Estado argentino. Reclamo que no es la primera vez que se
presenta, ya que en el tiempo transcurrido desde la resolución 28/92,
se ha efectuado repetidas veces.
4.2 Poder Ejecutivo 1983-1990
El primer
gobierno constitucional creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas, que recibió denuncias de 8960 casos de
desapariciones, 600 efectuadas antes del 24.3.1976 y las demás con
posterioridad a esa fecha (La composición de los secuestrados y los
rasgos metodológicos pueden observarse en el anexo estadístico).
Los sucesivos presidentes tomaron la iniciativa de enviar al Parlamento
los proyectos de las leyes de Obediencia Debida Punto Final y de
decretar los Indultos. Por aplicación de estas leyes y decretos se
beneficiaron 1185 procesados. Ninguno de ellos exigió a la Justicia la
investigación de los hechos para que se demostrara su inocencia.
El mayor cúmulo de información sobre las víctimas del terrorismo de
estado estuvo y está en manos del Poder Ejecutivo, por el carácter de
la represión que consignaban las ordenes a los subalternos.
Existen pruebas suficientes sobre la documentación existente en poder
del Estado durante la denominada etapa democrática, lo que ha sido
demostrado fehacientemente en un proceso judicial contencioso
administrativo seguido contra el Estado Argentino:
a. La existencia de no menos de 267 Actas de las Juntas Militares [Son documentos de máximo nivel jurídico e institucional porque contienen las decisiones del "órgano supremo del Estado (Estatuto de Reorganización Nacional)], según surge del informe del entonces Ministro de Defensa Dr. Horacio Jaunarena (23.10.1983) negadas actualmente en forma sistemática por el Ministerio de Defensa.
b. Documentación sobre operaciones Antisubersivas obrante en organismos militares o policiales. El Ministerio de Defensa en la actualidad argumenta que la Junta Militar en el mes de noviembre de 1983 ordenó la destrucción de la documentación sobre operaciones antisubversivas que obrase en poder de las fuerzas militares y de seguridad sin aportar la documentación que acredite este extremo. La Policía de Córdoba efectuó un inventario de la documentación a destruir. En otros casos se conoce fehacientemente que la orden de destrucción no fue cumplida.c. Expedientes administrativos sobre casos individuales de desaparición: en el Ministerio del Interior existían por lo menos cuatro expedientes administrativos sobre personas desaparecidas que subsistieron a la destrucción ordenada por el Gral. Bignone. Estos expedientes, esenciales por la información que contienen, fueron "extraviados" en el Ministerio de Defensa y simétricamente desaparecieron del juzgado de la Dra. Servini donde se hallaba una copia autenticada; estas "desapariciones" de la información se produjeron inmediatamente después de la notificación de la demanda de los organismos de derechos humanos.
d. documentación hallada en el Ministerio del Interior durante una reconstrucción irregular de expedientes: cuarenta cuerpos con un total de 10.047 fojas. Esta documentación resultó desconocida hasta el año 1995 y demuestra la sistematización de la información sobre las víctimas que efectuaba el Poder Ejecutivo y que parte, sino toda la información, sobrevivió a la decisión de destrucción de la dictadura.
e. Microfilmación del archivo de desaparecidos existente en el Ministerio del Interior: la microfilmación sobre las fichas de las personas desaparecidas fue mutilada en cuanto a los datos referidos a las circunstancias del hecho y el personal interviniente. Aquellos que fueron remitidos por el Ministerio del Interior a la Justicia Federal fueron manipulados y sustituidos por la Juez antes citada. Deben sumarse a estas filmaciones otras de mayor importancia, las efectuadas por el ejército en el año 1980, obrantes en el Ministerio del Interior y que versan sobre expedientes de personas desaparecidas.
f. Documentación sobre ciudadanos argentinos detenidos en Paraguay y Desaparecidos en argentina, existente en poder de la Justicia Paraguaya. Se trata de los Archivos del Horror producto de la obra de Strossner actuando en el ámbito de la coordinación supraestatal de la represión clandestina denominada Plan Cóndor. Cuando se Compulsó al Ministerio de Relaciones Exteriores durante el año 1995 para que informe expresó no poseer antecedentes al respecto.
El Poder ejecutivo como respuesta a los reclamos de las organizaciones
de derechos humanos ha dado a conocer listados de desaparecidos con
datos suministrados "exclusivamente" por los familiares de las víctimas
y la CONADEP. La verdad desde el Estado es la parcialidad de la
actividad de la misma sociedad victimizada devuelta como "Nueva" por
voceros gubernamentales. La Verdad, no puede reducirse a la información
que proporcionan las víctimas sino que ésta debe ser sumada a una
actividad del Estado con la participación de los tres poderes. De no
ser así se plasmaría la "Irresponsabilidad del Estado" por el
terrorismo de estado.
Es una lamentable realidad la falta de independencia de los Poderes del
Estado, a pesar de que nuestra Constitución lo marca taxativamente.
El Poder Ejecutivo propuso y consiguió el aumento en el número de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia -de cinco a nueve- lo que le
permitió obtener una mayoría de jueces alineados con la política del
Jefe de Estado.
El Poder Ejecutivo es el más reacio y con mayores resistencias para
reparar los efectos de la Impunidad en Argentina. Esta afirmación
proviene de hechos contundentes y de las mismas declaraciones de los
Jefes de Armas, que niegan la existencia de información sobre los
desaparecidos. Al, Poder Ejecutivo le corresponde entregar a los otros
poderes del Estado la información que posee y si la misma está
destruida le corresponde reconstruirla. La Jefatura de la Armada ha
negado este derecho a la Cámara Criminal y Correccional Federal en la
causa donde se investigan los hechos acaecidos en la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA), lo que implica desconocer la jurisdicción
de esta última para la determinación de la suerte corrida por las
víctimas de los delitos. En el caso del Ejército su representante, el
General Balza, si bien se ha pronunciado reconociendo algunos de los
crímenes cometidos durante la dictadura y la inexcusabilidad de la
responsabilidad sobre la base de la "obediencia debida" para los que
obedecieron órdenes injustas -lo que indudablemente consideramos un
avance en el pensamiento y opinión de algunos miembros de las fuerzas-
llamó a los miembros del ejército a declarar ante su persona
prometiéndoles reservas. Es sumamente objetable que la misma
institución responsable de las violaciones sea la que reciba los
testimonios.
Compete a las estructuras e instituciones dependientes del Poder
Ejecutivo la remoción del cargo y separación de las fuerzas de las
personas involucradas en violaciones a los derechos humanos.
Es indispensable separar de las fuerzas militares y de seguridad a
aquellos miembros sobre los cuales pesen pruebas suficientes respecto
de su responsabilidad por la comisión de delitos de lesa humanidad
(tortura, desaparición y ejecuciones). Medidas como estas desalentarían
la comisión de este tipo de delitos y contribuirían a generar confianza
en las instituciones democráticas. Es de público conocimiento
internacional la negativa sistemática del Poder Ejecutivo a desvincular
de las fuerzas a los responsables de violaciones a los Derechos
Humanos, lo que resulta éticamente insostenible.
4.3 Poder Legislativo 1983-1990
4.3.1 Leyes de impunidad
Por aplicación de estas normas 1152 responsables fueron beneficiados con la impunidad.
La Ley de Punto Final (B.0. 29/12/1986) estableció la "prescripción
anticipada de la acción en persecución penal de toda persona (miembros
de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y penitenciarias) que
hubiere participado desde el 24-3-1976 hasta el 26-9-1983, en las
operaciones emprendidas con motivo alegado de reprimir el terrorismo."
La Ley de Obediencia Debida Presumió y presume sin admitir prueba en
contrario "que quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban
como oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las
Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son
punibles... por haber obrado en virtud de obediencia debida".
Paradójicamente, se exceptuó de la obediencia debida la apropiación de
inmuebles. Los bienes materiales eran más importantes que la vida de
las víctimas.
Ninguna de las leyes expuestas contempla la impunidad para los delitos
de sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado
civil. A pesar de ello como ya quedó expresado en el acápite estinado
al Poder Judicial ya se ha aplicado la prescripción en las causas por
secuestro, apropiación y supresión de identidad de menores.
4.3.2 Período 1995
La
sistematización de la información resulta indispensable; existen
pruebas sobre el destino de los desaparecidos en manos de cada uno de
los poderes del Estado por lo tanto y en satisfacción al derecho a la
Verdad debe devolverse la información a sus legítimos poseedores: "la
sociedad civil".
El Poder Legislativo puede actuar en la "investigación de determinadas
situaciones", mediante la formación de comisiones especiales. Sobre
esta base las organizaciones de derechos humanos en la Capital del país
hemos presentado a ambas Cámaras una propuesta para la formación de una
comisión bicameral de investigación de los delitos cometidos durante la
aplicación del Terrorismo de Estado; igual iniciativa presentaron las
organizaciones de derechos humanos en dos provincias del interior del
país, Salta y Santa Fe.
La investigación debe abarcar:
1. Nombre y datos de las personas que fueron conducidas o fueron vistas en centros clandestinos de detención,
2. Nombre de las autoridades que ordenaron en forma directa la detención y de quienes la ejecutaron,
3. Hechos que pudieran haber agraviado física o espiritualmente a las personas detenidas ilegalmente,
4. Nombre de quienes ordenaron medidas directamente o las ejecutaron,
5. Nombre de las autoridades responsables del Centro Clandestino de Detención,
6. Destino de las personas detenidas ilegalmente, y nombre de quienes lo ordenaron,
7. En caso de muerte nombre de las personas que los ejecutaron,
8. Destino de los restos y nombre de la persona que ordenó el destino. Un especial énfasis debe merecer la investigación sobre el destino de los niños secuestrados y las adopciones ilegales.
A pesar de los sucesivos reclamos de las
organizaciones de derechos humanos y del apoyo internacional para que
este proyecto sea tratado la Cámara de Senadores está finalizando su
período ordinario de sesiones sin abocarse al tratamiento.
5. Un incumplimiento de alcance internacional
En el caso argentino no se han cumplido las recomendaciones y resoluciones:
5.1 O.E.A. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La CIDH advirtió al Estado argentino en el punto 1. que las leyes 23492 y 23521 y el decreto de indulto 1002/89 son incompatibles con el art. XVIII (derecho a la justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los art. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y en el punto 3. recomendó la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar (lnforme CIDH 28/92)-.
5.2 O.N.U. Comité de Derechos Humanos
El Comité
de Derechos Humanos en ocasión del examen del Informe del Gobierno
Argentino sobre cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
-CCPR/C179/Add. 46, abril 1995- ha recomendado:
Que se tomen los recaudos necesarios en el uso de amnistías generales y
perdones (indulto) para no propiciar un clima de impunidad.
Que se establezcan procedimientos apropiados para que aquellos miembros
de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, contra quienes
existan pruebas suficientes de su involucramiento en la violación
masiva de los derechos humanos en el pasado, sean removidos de sus
puestos.
Ha instado al Estado parte a continuar las investigaciones acerca del
destino de las personas desaparecidas, a completar urgentemente las
investigaciones acerca de las denuncias de adopción ilegal de
hijos/hijas de personas desaparecidas y a tomar acción apropiada.
Ha instado al Estado parte a investigar plenamente las revelaciones
recientes de asesinatos y otros crímenes cometidos por los militares
durante el período de gobierno militar y a actuar sobre la base de los
resultados.
Manifestó que reitera su preocupación sobre las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final pues niegan a las víctimas de las violaciones a
los derechos humanos una reparación efectiva.
En la Comunicación Individual N 400/1990 del 27-4-1995, ante un caso de
apropiación de una menor en el que se negó la legitimación a la abuela
(Sra. Mónaco) de la niña para ser parte en el juicio y se obligó a la
menor a visitar a su apropiadora luego de ser reintegrada a su familia,
el Comité resolvió que la denegación del legítimo derecho de
representación de la Sra. Mónaco una violación del artículo 24 del
Pacto.
Observó que la duración de las actuaciones judiciales prolongadas por
más de 10 años (la niña fue hallada cuando tenía 7 años y recién a los
17 se reconoció oficialmente su identidad) constituyó una violación al
párrafo 2 del art. 24 del Pacto.
Expresó que "el Estado parte tiene la obligación [de velar] porque no ocurran en el futuro violaciones semejantes".
5.3 Grupo sobre Desaparición Forzada
El Grupo
sobre Desaparición Forzada ha manifestado especial interés con la causa
que se sigue contra el Estado argentino por la información sobre los
desaparecidos. En su informe del año 1995 resolvió instar al gobierno
argentino para que proporcione y proteja toda la información disponible
sobre los procedimientos judiciales en curso o los que se emprendan en
el futuro"
(E/CN.4/1995/36, pág. 24).
6. Cómo desandar el camino a la impunidad
El Parlamento Europeo ha establecido para
sí la condicionalidad mutua y multilateral de las relaciones
interestatales sujeta a la vigencia de los derechos humanos y los
principios democráticos. Es ésta una garantía fundamental para los
ciudadanos de cualquier país del mundo frente a un estado individual o
a la comunidad internacional.
Esta condicionalidad tiene como objetivo fundamental asegurar la vigencia real y efectiva de la democracia.
En nuestro país la impunidad es un obstáculo para la construcción
democrática, como así lo demuestran los hechos relatados en los
capítulos precedentes. Desde el advenimiento del proceso constitucional
dicho obstáculo ha sido profundizado como tal por la política
desarrollada desde los órganos gubernamentales.
La negación a la sociedad en su conjunto del derecho a la Verdad y a la
Justicia condiciona negativamente la credibilidad en las instituciones
democráticas y priva de seguridad jurídica a las relaciones en las que
el Estado Argentino es parte.
Los Estados co-contratantes de Pactos Internacionales son responsables
no sólo de garantizar los derechos allí establecidos a sus propios
ciudadanos, sino de asumir la defensa de los derechos de otros pueblos,
estableciendo limites al poder que otros estados co-contratantes usan
para violarlos. Una ruptura a esta lógica de defensa implicaría negare
carácter de internacional a esas normas,
Para desandar el camino de la impunidad es hoy imprescindible:
6.1 Propuesta al Estado Argentino
Que el Estado Argentino:
Nulifique las leyes de impunidad y decretos de indulto.
Apruebe la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación que
brinde a la sociedad la totalidad de la información sobre los
desaparecidos.
Prosiga con las investigaciones judiciales otorgando a los familiares
de las victimas la Verdad que incluye la causa de la desaparición, la
identificación de los responsables y el destino de los
desaparecidos.
Releve de los cargos públicos -militares y civiles- a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Que el Poder ejecutivo no obstaculice las funciones de los otros
poderes del Estado y proporcione a la Sociedad la información sobre las
actuaciones de sus propios aparatos represivos.
6.2 Propuesta a la Comunidad de Naciones
Que la Comunidad de Naciones:
Requiera al
Estado Argentino el cumplimiento inmediato de las resoluciones de los
órganos internacionales -Recomendación 28/92 C.I.D.H., y Recomendación
de abril de 1995 del Comité de Derechos Humanos de la O.N.U.-.
Niegue el "placet" como representantes políticos o diplomáticos a
aquellas personas imputadas de haber cometido graves violaciones de los
derechos humanos.
Condicione las relaciones bilaterales y multilaterales al efectivo
respeto de los derechos humanos y la remoción de los obstáculos que
impiden la administración de Justicia.
Adecue el Derecho Interno al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Apoye la creación de un Tribunal Penal Internacional y la aprobación de
la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en las
Naciones Unidas, de acuerdo a la propuesta de las Organizaciones No
Gubernamentales.